Editorial

24 de Puede de 2016 | 24 de mayo de 2016

La inclusión de la comunicación pública en las instituciones públicas es un logro reciente de la democracia brasileña, aunque aún necesita construir su autonomía en relación a las exigencias de visibilidad y promoción de los gobiernos. Defender la comunicación pública es defender la visibilidad de la sociedad en el debate público, alimentado también por los medios públicos.

El proceso de creación del OBCOMP fue una de tantas respuestas a los avances en la reflexión teórica forzados por la implementación de prácticas identificadas, como disciplinas en los currículos universitarios; políticas públicas que regularon los medios públicos; experiencias de asesoramiento en comunicación; la reanudación de las luchas por la democratización de los medios, entre otras iniciativas. Su funcionamiento y los miles de accesos al proyecto confirman la decisión y la inversión de la UFRGS y del CNPq en 2015.

Esta rápida contextualización se impone cuando experimentamos posibilidades de privatización de la comunicación pública por el impacto de la descalificación de sus prácticas ganadas, exigiendo el retorno a reflexiones y acciones que creíamos superadas , esto es, defender la comunicación pública como principio de funcionamiento de las instituciones públicas y el mantenimiento de dispositivos normativos y profesionales que puedan asegurar sus prácticas.

Estas reflexiones son resultado del asombro ante las recientes decisiones del gobierno interino de Michel Temer – provocadas por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por el Senado Federal hasta por 180 días –, específicamente, la injerencia del gobierno interino en la nominación de la presidencia de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC); la incorporación del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la delimitación estratégica del debate público, ya que ministerios como el de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, que dan visibilidad a políticas y temas de interés público, pierden su competencia y se alojan en el Ministerio de Justicia.

Se entiende que las políticas que privilegian la comunicación pública y sus instrumentos son de obligado cumplimiento en las instituciones públicas y los gobiernos democráticos. Operar este concepto como normativo y como valor a defender significa asumir la comunicación pública como indicador de la calidad de la democracia. En esta perspectiva, el poder de los medios de comunicación y públicos reside en la combinación de dos fuerzas: sus estructuras técnicas y profesionales deben ser garantizadas, obligatoriamente, por el Estado y su funcionamiento debe obedecer a criterios de ciudadanía, igualdad social, libertad editorial y promoción de la derechos sociales.

Actualmente vivimos tensiones que van más allá del debate teórico-funcional en torno a la institución comunicación pública y nos lleva a defender el mantenimiento de las políticas públicas así como la defensa de sus medios y productos . La vigilancia y la acción son necesarias, ya que están en juego los principios que rigen la comunicación pública su operacionalización, el debate público y la democracia brasileña.

Maria Helena Weber
Coordinadora General del Observatorio de la Comunicación Pública