Por Andrés Tzeiman*

Resulta una evidencia (casi un lugar común) decir, a esta altura de los acontecimientos, que la pandemia que asola al mundo entero ha cambiado drásticamente las circunstancias anteriormente existentes, y que numerosos conflictos que se avizoraban en el horizonte, han mutado de manera notable.

Partiendo de esa premisa, que juzgamos bastante difícil de cuestionar, nos interesa detenernos en estas breves páginas sobre la situación de Argentina. En particular, sobre el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 27 octubre de 2019. Porque creemos que si bien el Coronavirus ha modificado sustantivamente los términos en que se desenvuelven los conflictos que atraviesan a la sociedad argentina, es al mismo tiempo imposible dejar de inscribir ese proceso en el marco de las contradicciones que se manifestaban de manera previa a la irrupción intempestiva e inesperada de la pandemia.

¿A qué apuntamos con esta breve introducción? Lo que nos importa subrayar es que, como recién señalamos, la pandemia ha transformado dramáticamente el escenario económico, político y social argentino. Pero al mismo tiempo, las fuerzas sociales y los sujetos políticos actuantes, con sus pugnas y disputas, no se han modificado. Más bien, esas fuerzas y sujetos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, las contradicciones incubadas de manera anterior a la irrupción del virus ahora tienden a potenciarse en la nueva coyuntura[1].

Es por eso que nos interesa volver sobre el clima post-electoral de Argentina, precisamente para ver el estado de situación de esas fuerzas y sujetos sociales. Hagamos una breve recapitulación de las principales medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019): liberalización y unificación del tipo de cambio, eliminación y reducción de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios y a la minería, aumentos siderales en las tarifas de los servicios públicos y un incremento notable del endeudamiento externo (primero retornando a los mercados internacionales -tras el acuerdo con los “fondos buitre” en abril de 2016-, y luego, en junio de 2018, sellando un acuerdo histórico -por la dimensión del crédito stand by: 57.000 millones de dólares- con el Fondo Monetario Internacional). De esa manera, el modelo económico del macrismo contó con solo un puñado de ganadores: las grandes empresas energéticas y petroleras; los terratenientes del agro y las empresas megamineras; el capital financiero internacional; y los sectores tecno-burocráticos ligados a las actividades de esas fracciones dominantes.

Esas medidas fueron viabilizadas a través de una concepción y una práctica extremadamente instrumental del Estado por parte de las clases dominantes. Esto radica, según nuestro punto de vista, en que las medidas adoptadas durante el gobierno de Mauricio Macri fueron vehiculizadas desde la propia esfera estatal por medio de cuadros políticos y técnicos provenientes de los grandes grupos empresarios favorecidos por la propia administración Macri. Veamos algunos ejemplos elocuentes: el hombre a cargo del Ministerio de Energía en la primera conformación del gabinete de ministros fue un ex director de la multinacional Shell (Juan José Aranguren); el ministro de Agroindustria fue el ex presidente de Confederaciones Rurales Argentina (Ricardo Buryaile); mientras que el primer ministro de Hacienda y Finanzas (Alfonso Prat Gay) se trató de un ex ejecutivo del JP Morgan.

Esto no implica, bajo ningún aspecto -vale la aclaración-, que una ofensiva de clase como la implementada por el gobierno de Macri deba ser necesariamente llevada a cabo por personal gubernamental proveniente de las clases dominantes. En absoluto. No obstante ello, esa extracción social, cultural e ideológica del elenco de funcionarios de primera plana del gobierno, redundó en los hechos, de forma inmediata, en la puesta en práctica desde la esfera estatal de un doble objetivo existente en los sectores dominantes. Por un lado, eliminar las “distorsiones” provocadas en el Estado durante el período “populista” precedente; y al mismo tiempo, recomponer de forma drástica los márgenes de ganancia empresaria y la autoridad del capital sobre el trabajo, favoreciendo con ésto último mejores condiciones generales de explotación de la fuerza de trabajo.

De esa forma, y más allá del fracaso del gobierno de Macri, el resultado de sus cuatro años de gobierno fue el de colocar una vara muy elevada para las clases dominantes en términos de lo que ellas se hallan dispuestas a ceder. Es cierto que a dicho gobierno le faltó transitar un largo camino hacia la construcción y consolidación de su proyecto estratégico (por solo citar un ejemplo: nunca le resultó posible avanzar en una reforma laboral pro-patronal agresiva, tampoco en una reforma del Estado en el mismo sentido). Pero, a pesar de eso, las concesiones inmediatas que las clases dominantes recibieron de un gobierno que interpretaron y concibieron como “suyo”, configuraron un cúmulo de conquistas percibidas por esos sectores como “derechos adquiridos”, incuestionables e irreversibles.

El problema es que los resultados electorales de octubre de 2019 pusieron en jaque esa certeza de las clases dominantes. El “populismo”, junto con sus mediaciones organizativas (sindicatos, organizaciones sociales, liderazgos políticos), volvió a demostrar su potencia electoral. La liturgia “intervencionista” del peronismo otra vez aparecía en escena para interrumpir el reordenamiento social que se encontraba en curso. Con un aliciente para nada despreciable desde la perspectiva de los sectores subalternos: la gimnasia de resistencia (o bien, el despliegue de la lucha de clases) durante los años del macrismo resultó una fuente de aprendizajes para plantearse la recuperación del terreno perdido. Tanto es así, que un conjunto de cuadros políticos surgidos de esas batallas, así como otros provenientes del anterior período “populista”, pasaron a ocupar puestos de gestión gubernamental en diferentes áreas del nuevo gobierno de Alberto Fernández. Pero independientemente de ello -es decir, dejando de lado un aspecto nada menor como es el personal directivo del Estado-, lo realmente importante es que el movimiento popular argentino en su expresión mayoritaria consiguió cristalizar en el terreno electoral la imposibilidad de las clases dominantes a la hora de quebrar definitivamente las relaciones de fuerzas hacia la consolidación a largo plazo de un orden social plenamente neoliberal.

Lo que nos interesa enfatizar con esto acerca de la situación abierta a partir del 10 de diciembre de 2019 (con la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente) es que la contradicción medular que desde entonces pasa a estructurar la vida política argentina es aquella entre: por un lado, unas clases dominantes tan indignadas por el fracaso de la experiencia macrista como renuentes a ceder los privilegios conquistados en los años de gobierno pro-empresarial; y por el otro, un movimiento popular que, en sintonía con la tradición peronista, se muestra confiado en las potencialidades de un “asalto a la gestión del Estado”, pretende recuperar parte del espacio perdido durante el gobierno saliente, y más aún, tiene las intenciones de avanzar sobre terreno adversario en la distribución del ingreso durante la nueva etapa política.

En ese redil, por si esto fuera poco, tenemos un presidente que si bien es un fiel y astuto conocedor de los conflictos de intereses que atraviesan a la sociedad, trata de presentarse ante la ciudadanía como un promotor de la armonización social y de la construcción de una “Argentina unida”. Todo ello, conduciendo un frente político que lo llevó a la presidencia, cuya heterogeneidad y diversidad no puede negar uno de sus componentes internos, aquel que es ineludible y principal: allí está la vicepresidenta en funciones -encarnación excluyente del “mal del populismo” y causante del máximo hastío expresado por las clases dominantes-, liderando un espacio político que cuenta con numerosos/as diputados/as, senadores/as, intendentes/as, funcionarios/as, que en su conjunto resultan de un peso considerable en el gobierno del Estado.

De ese modo, la Argentina pre-pandemia nos convidaba dos imágenes a nuestro juicio esclarecedoras de la nueva etapa. En primer lugar: un anuncio de aumento en las retenciones a la soja por parte del gobierno, frente al cual las patronales rurales respondieron, a menos de tres meses de iniciada la nueva gestión, con un cese de comercialización de cuatro días. En segundo lugar: la espera de la oferta del gobierno frente a los acreedores de la deuda, ante la cual los medios de comunicación más enfrentados a la nueva dirección del Estado adelantaron sus preocupaciones frente a la posibilidad de una propuesta “agresiva” u “hostil” de reestructuración. En síntesis, hablamos de un gobierno cuyo presidente, adoptando especiales cuidados de no mostrarse ofensivo hacia las clases dominantes, pretende intervenir en la economía para recomponer el cuadro social, después de cuatro años de retrocesos en materia de pobreza, empleo y actividad económica. Y a la vez, unas clases dominantes que no están dispuestas a ceder en sus posiciones para favorecer esa recomposición, pues perciben cualquier intervención estatal sobre sus intereses como amenazante, injusta e improcedente.

Pues bien, así llega entonces Argentina a la pandemia. La gran novedad es que en la nueva coyuntura comienzan a borrarse algunas certezas. Así, el presidente, con mucha ligereza, sostiene ante los medios de comunicación que el gasto público y la emisión monetaria ya no le resultan una preocupación. Afirmaciones, por cierto, que de forma previa a la irrupción del Coronavirus le hubieran valido el escarnio por parte del establishment y la prensa concentrada. Mientras que ahora, pese a los señalamientos obstinados de algunos pocos economistas ortodoxos, esa osadía fiscal y monetaria es ampliamente tolerada, y hasta considerada como inevitable. Lo mismo sucede con el reciente establecimiento de “precios máximos”. Podemos recordar junto con Foucault, en El nacimiento de la biopolítica[2], que el “control de precios” es el gran fantasma evocado por la economía neoliberal. En contraste con ello, dichas medidas no han producido mayores sobresaltos. En síntesis, utilizando las palabras de Norbert Lechner: “la crisis en la hora de Kairós, dios griego de la oportunidad favorable”[3].

En ese sentido, para cerrar este breve escrito, quisiéramos inscribir entonces esta nueva coyuntura en el marco de la estructuración de las contradicciones que ya se hacían presentes en la Argentina post-electoral.

Recordemos: el país ya sufrió una recesión en 2019 (continuando la ya experimentada en el año 2018). Todos los pronósticos pre-pandemia para 2020 indicaban que no existiría un escenario de crecimiento. Por lo tanto, los augurios para la economía argentina en estas nuevas circunstancias (nacionales, regionales y globales) serían los de una aguda recesión.

La pregunta, como en toda crisis, pasa a ser la siguiente: ¿quién va a pagarla? Apelemos, de nuevo, a dos imágenes para ilustrar el conflicto en ciernes. La primera: el grupo empresario transnacional Techint, en plena pandemia, anuncia el despido de 1450 trabajadores dedicados a obras de la construcción en tres provincias argentinas, aduciendo como causante de despido la paralización de las obras, producto de las medidas de aislamiento social obligatorio decretadas por el gobierno. La segunda: ante la necesidad de nutrir las arcas públicas para garantizar tanto la inversión estatal en infraestructura y materiales sanitarios, como el respaldo a pequeñas y medianas empresas (en vistas de evitar su quebranto ante el cese de la actividad por el aislamiento), un grupo de diputados nacionales del oficialismo (con el apoyo presidencial) anuncian la presentación de un proyecto de ley para dictaminar una contribución extraordinaria al fisco de las grandes fortunas personales, provocando una reacción desfavorable del Foro de Convergencia Empresarial en tanto, según la perspectiva de éste, la ley en cuestión podría perjudicar “el clima de inversión” necesario para reactivar la economía nacional.

Allí tenemos, entonces, a la Argentina. Ciertamente, creemos, la crisis de excepción que vive el mundo, y también el país, ensancha las posibilidades de autonomización del Estado[4], potenciando el imaginario peronista de una esfera estatal que “por arriba” armoniza los intereses del conjunto social. Tal imaginario no es banal, pues tiene efectos económicos y sociales concretos. Ellos se pueden constatar por medio de un simple contraste al observar, tan solo cruzando la frontera, la reacción frente a la pandemia del gobierno Bolsonaro. Pero más allá de eso, lo que le espera a Argentina en el corto plazo es el desarrollo de aquella contradicción que estaba latente de forma previa a la pandemia, y que constituye el gran dilema al que deberá enfrentarse el gobierno de Alberto Fernández. La contradicción entre sectores dominantes que no están dispuestos a ceder los privilegios conquistados durante el gobierno pro-empresarial de Macri, y un movimiento popular que accede a la dirección del Estado por medio de aquél que considera “su” gobierno, con el afán de recuperar el terreno perdido durante los últimos cuatro años.

Si dicho escenario preanunciaba tiempos turbulentos en Argentina, el advenimiento de la pandemia, y de la crisis económica que ha traído consigo, probablemente vuelva más dinámica la aceleración en los ritmos de ese conflicto irremediable.

* Doctor en Ciencias Sociales (UBA, Argentina), CONICET/CCC/UBA (Argentina). andrestzeiman@hotmail.com

[1] Entendemos el concepto de coyuntura, siguiendo a Nikos Poulantzas, como “la situación política en el momento actual”, es decir, como “el punto estratégico en que se fusionan las diversas contradicciones en cuanto reflejan la articulación que especifica una estructura con predominio”. Ver Poulantzas, Nikos (1974): Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. México, Siglo XXI, p. 39.

[2] Foucautl, Michel (2007): El nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires, FCE.

[3] Lechner, Norbert (2012): “A la búsqueda de un concepto teóricamente perdido: la crisis”, en Obras I. México, FCE, p. 329.

[4] Nos parece pertinente recordar, junto con el teórico boliviano René Zavaleta, que “los términos mismos, por eso, estructuralista o instrumentalista, describen más bien datos fatuales que marcos metodológicos para estudiar el Estado”. El Estado no puede ser pensado sino como reproductor de las relaciones sociales capitalistas, pero al mismo tiempo las fuerzas en pugna pueden devenir en momentos estructurales o instrumentales del Estado. Ver Zavaleta Mercado, René (1990): “El Estado en América Latina”, en El Estado en América Latina. La Paz, Los amigos del libro, p. 176.

 

Como citar este post

TZEIMAN, Andrés. Argentina post-Macri: elecciones, pandemia, y después…, Blog ODELA, 2020 [publicado em 28 de abril de 2020]. Acesso em: https://www.ufrgs.br/odela/2020/04/28/argentina-post-macri:-elecciones,-pandemia,-y-despues…/
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