Por Georgette Ramírez Kuri*
Históricamente, algunos Estados se han enriquecido a costa del saqueo, explotación y dominio de otros Estados. A partir de que las relaciones capitalistas se hicieron predominantes en el mundo moderno, la división internacional del trabajo (DIT) fue perfilándose como proyección de la relación capital-trabajo en escalas más amplias que la del burgués-trabajador; diferencias entre ciudades de un mismo país, entre países o de región a región.
Actualmente en la mundialización, Estados cuya población mayoritariamente es trabajadora -productores de valor a partir de vender su fuerza de trabajo- viven realidades diametralmente opuestas a otros Estados cuya población mayoritariamente vive del plusvalor o valorización del capital; por lo tanto, no puede explicarse a todos los Estados bajo las mismas conceptualizaciones. De ello deriva la sociedad -en abstracto- como universalidad diferenciada cuyas dimensiones concretas nos reclaman explicarla en sus particularidades dentro de la unidad total.
El Estado capitalista dependiente que se ha desarrollado en América Latina requiere, pues, un análisis concreto a partir de la propia historia que encarna, de sus contradicciones particulares, de la manera en que se ha insertado en la DIT y las implicaciones materiales que se expresan en el espacio mediante la división territorial del trabajo (DTT).[1]
La lucha de clases misma también se expresa en diferentes escalas, una de las cuales puede dilucidarse en la relación Estado-sociedad siguiendo las preguntas ¿qué sectores o fracciones de clase detentan el poder político y cómo lo ejercen? levantadas por Jaime Osorio. Ya Vania Bambirra había planteado que Estado y clase se conjugan en una práctica expresiva de la lucha de clases, aunque en escalas específicas del espacio social, de igual manera en que los cepalinos abrieron la pauta para pensar a América Latina como un problema particular en sus relaciones con la economía capitalista mundial desde finales de la década 1940.
Se generó un intenso debate que extendió sus discusiones -al menos- por tres décadas más, continúa siendo necesario profundizar en las particularidades históricas de las formaciones sociales latinoamericanas: en la dimensión temporal, tanto estructurales como coyunturales; en la dimensión espacial, tanto nacionales como regionales y en sus contradicciones escalares frente al capitalismo mundial.
De hecho, en el actual proceso de “mundialización” o valorización del capital a escala mundial, es imprescindible situar al Estado como eje central del mismo. Dentro del capitalismo dependiente en específico, es necesario profundizar en la legalidad específica y las formas particulares desde las cuales el Estado ha posibilitado la instauración de la lógica capitalista en la región aunque, en tanto Estado dependiente, se inserte -al mismo tiempo- en escalas más amplias regidas por reglas generales, como aquellas que la economía mundial impone, acuerdos y tratados regionales, etcétera.
Concordando con Georgina Calderón, “cuando Marx describe y explica la acumulación originaria lo hace a través de considerar los procesos que lleva a cabo apoyado y sostenido por el Estado a través de las formas legales”. (2018:24) No es casualidad que las formas históricas que ha tomado el Estado latinoamericano desde la conformación de los estados nacionales en la región – Estado oligárquico, Estado desarrollista y Estado contrainsurgente- correspondan temporalmente a cada patrón de acumulación y reproducción de capital, cuya instauración se corresponde con las etapas transitorias de un patrón a otro.
En este sentido, las diferencias entre acatar reglas generales de escala mundial, acordar normatividades al interior de la región y establecer una legalidad particular a escalas nacional y local, llevan al Estado latinoamericano a entrar en importantes contradicciones económicas, políticas y sociales en todas las escalas, es decir, contradicciones entre las escalas del espacio social. Para comprenderlas, es imprescindible partir del devenir histórico y -por lo tanto- teórico de los procesos sociales latinoamericanos, en donde el Estado ha sido determinante.
Estado oligárquico exportador
Como resultado de las luchas independentistas criollas durante el siglo XIX, el Estado nacional se consolidó en la región latinoamericana mediante la alianza de las clases terrateniente latifundista del espacio rural y la burguesa comercial del espacio urbano, tomando como primera forma el Estado oligárquico de explotación y dominación excluyente, basado en -por una parte- principios ideológicos liberales expresados en su constitución política e instituciones nacionales, y -por la otra- en prácticas políticas conservadoras y represivas para mantener los privilegios clasistas y de concentración de poder político frente a la mayoría de la población, conformada por criollos mestizos, campesinos indígenas, esclavos africanos, inmigrantes disidentes, obreros sindicalizados, principalmente.
Las repúblicas independientes mantuvieron prácticas políticas racistas y de dominación excluyente, negando los derechos políticos de las sociedades latinoamericanas y forzando a las clases dominadas a la explotación, carentes de salud, educación, vivienda -incluso salario-, mediante la coerción y violencia expresadas en el peonaje por deudas, sometimiento económico y militar, persecuciones y hasta la eliminación física.
Así se impuso el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado mediante las fuerzas armadas (FFAA), legitimando su función y profesionalización en operaciones como la conquista militar de territorios de los pueblos originarios y la delimitación de fronteras nacionales. Siguiendo a Ruy Mauro Marini,
La creación del Estado, cuya ultima ratio es el monopolio de la fuerza, constituye, pues, condición sine qua non para el surgimiento de naciones aptas a integrarse al mercado mundial, integración que, a su vez, refuerza la tendencia a la centralización del poder político y militar. (1994:128)
La fase oligárquica del Estado latinoamericano posibilitó la implantación del capitalismo en la región mediante el proceso de despojo de las comunidades originarias de sus territorios, la expropiación de bienes de la Iglesia y la abolición de la esclavitud en algunas naciones para “liberar” a la fuerza de trabajo, todo lo cual formó parte de la acumulación originaria del capital en las formaciones sociales latinoamericanas, significando una acelerada acumulación capitalista basada en sociedades agrarias fuertemente estratificadas, combinando las relaciones de trabajo no asalariado -como la servidumbre- y el redoblamiento de la explotación de la fuerza de trabajo -por ejemplo mediante la tienda de raya-.
De esta manera es que América Latina comienza su inserción al sistema mundial capitalista que, siguiendo a Marini,
Esta depende, en lo fundamental, de la capacidad de los nuevos grupos dirigentes criollos para imponer su hegemonía sobre las oligarquías locales y asegurar su poder sobre un territorio dado, al tiempo que proceden a someter a los sectores no integrados, por lo general indígenas. De hecho esto, que representa una segunda acumulación originaria, se diferencia de la que tuvo lugar en la colonia, a medida en que se orienta a sentar la base de Estados nacionales. (1994:128)
Paralelamente, el aparato de Estado se fue institucionalizando mediante procesos como la instauración de la burocracia y la centralización del registro cívico y estadístico de la población; la regulación y estatización de la educación e instrucción pública, obligatoria y laica; la modernización de infraestructura bajo financiamiento y préstamos extranjeros; la unificación del sistema bancario y la institucionalización de la moneda nacional.
La estructura estatal resultante rápidamente se puso en función de las necesidades del capital, generándose así las condiciones materiales para el tráfico ferroviario y marítimo de las mercancías hacia el mercado mundial, mediante inversiones financieras y de infraestructura en comunicaciones y transportes.
En realidad, el proceso de modernización latinoamericana significó la sujeción de nuestras economías a los intereses y necesidades productivas (alimenticias e industriales) del capitalismo mundial, dejándonos en la periferia y condenándonos al capitalismo dependiente en su primera fase oligárquica, caracterizada por un régimen político de exclusión y explotación en el que predominó la concentración de tierras (latifundio) y riquezas en esta clase dominante que, conforme se fue desarrollando, fue coludiéndose en alianza con los capitales extranjeros tendientes al monopolio imperialista.
Tanta exclusión estructural propició condiciones para la resistencia social e inconformidades que desembocaron en movimientos de insurgencia, lucha revolucionaria y organización obrera que exigieron mejores condiciones laborales y aumentos salariales, así como el reconocimiento de sus derechos políticos. Se conformó una fuerte oposición social tanto al orden oligárquico como al intervencionismo imperialista, expresada en diferentes frentes.
Las clases dominadas respondieron al Estado oligárquico ubicando precisamente a la oligarquía exportadora (terratenientes y burguesía comercial) y al imperialismo como enemigo a combatir mediante un proceso de transformación social del orden de cosas, fuera por la vía de la revolución o la reforma. Las clases dominantes se enriquecían del modelo oligárquico en alianza con capitales extranjeros, se conformaban en élites que se beneficiaban de situarse en el mercado internacional bajo discurso de progreso y modernización pero sin generar arraigo patriótico ni identidad nacional.
De manera general, en los centros urbanos surgían sectores sociales medios de profesionales, maestros, comerciantes, trabajadores por cuenta propia, servidores públicos y pequeños rentistas, que también pugnaban por su inclusión política mediante la formación de sindicatos obreros, partidos políticos -demócratas, socialistas, comunistas, y corrientes de pensamiento -nacionalistas y antiimperialistas-, así como las ligas agrarias campesinas y los levantamientos indígenas en el espacio rural, se conformaban como oposición.
El desarrollo de la clase obrera y sus condiciones particulares en cada sociedad se determinaron por el grado de incidencia de los capitales extranjeros en la economía -inversiones rentistas o productivas-, los sectores de producción -agrícolas o industriales-, la diversificación de los productos -monocultores o no-, los procesos de industrialización, la formación de centros urbanos, la composición poblacional -migraciones, antecedentes de servidumbre indígena y esclavitud africana-, el desarrollo de transportes y comunicaciones -servicios y movilidad-, el volumen de la clase obrera y su capacidad de organización.
Durante las primeras décadas del siglo XX surge paulatinamente en la región latinoamericana la clase obrera como sujeto histórico social que se fue aglomerando en movimientos sindicales para defender la mejora de sus condiciones concretas -salarios dignos, jornada laboral, derecho a sindicalizarse, etc.- y -cuando se optó por la vía electoral- mediante partidos políticos que planteaban nuevas demandas y estrategias de lucha y resistencia, como el Partido Radical en Chile, Partido Socialista -José Carlos Mariátegui- y el APRA -Haya de la Torre- en Perú, la Unión Cívico Radical y el Movimiento Nacional Justicialista en Argentina, el varguismo en Brasil, por mencionar algunos.
En el Estado se mantenían gobernantes que representaran los intereses oligárquicos en alianza con capitalistas extranjeros, mismos que defendían desde prácticas autoritarias a mano de regímenes dictatoriales que se perpetuaban en el poder. Fueron prácticas políticas recurrentes el fraude electoral, las restricciones en el padrón según criterios desiguales de estratificación social como los requisitos de propiedad y riqueza para ejercer el voto, lo cual excluía a las comunidades indígenas, que solían constituir la mayoría de la población, basándose además en el discurso positivista racial que acusaba al indio como “causa de todos los males” y obstáculo para la modernización agrícola y su inserción al mercado exterior.
La fase oligárquica del Estado muestra que, desde la fundación de éste, se han reproducido las contradicciones capitalistas en nuestras sociedades, tanto respecto al intercambio desigual con las economías centrales, como en las desigualdades sociales al interior de las naciones latinoamericanas, cuyo núcleo conservador recurrió tempranamente a la represión de la protesta social y a leyes especiales para deportar opositores, como mecanismos autoritarios para mantenerse en el poder.
En este mismo sentido, el Estado censuraba a la prensa y concedía subsidios, exenciones fiscales y otorgamiento de tierras a capitalistas extranjeros, principalmente estadounidenses, al tiempo que permitió la existencia del trabajo no remunerado y la drástica reducción salarial en el caso de la clase trabajadora urbana. Para las clases dominadas latinoamericanas, el avance imperialista de Estados Unidos en la región constituyó una amenaza para el desarrollo nacional, por lo que se planteó que debía ser combatido.
Fueron erigiéndose identidades nacionalistas y antiimperialistas como corrientes de pensamiento que acompañaban la lucha de clases y los ideales revolucionarios latinoamericanistas. Entre las expresiones más importantes reconocemos el desarrollo intelectual de Simón Bolívar y el posterior bolivarismo,[2] de los cubanos José Martí desde fines del XIX y José Antonio Mella, el peruano José Carlos Mariátegui, el mexicano José Vasconcelos, el nicaragüense Rubén Darío, los argentinos José Enrique Rodó, Manuel Ugarte y Deodoro Roca.
Estos procesos de principios de siglo[3] obedecían también a la actualización de la doctrina Monroe en el “corolario Roosevelt” mediante el cual Estados Unidos asumía el papel de gendarme en todo el continente. La obediencia y buen comportamiento que Estados Unidos pedía a cambio de “protección” se sintetizó en la máxima que tal presidente decretó: “No hables mucho y utiliza la estaca.”
Así hizo uso de su poderío militar y económico para intervenir en los países del Caribe y Centroamérica bajo la política del garrote o The big stick (1904-1934) bajo diversos pretextos, desde guerras civiles, bancarrota y deuda externa, hasta en luchas partidistas y conflictos sociales, combinando medidas políticas, financieras y bélicas -intervenciones armadas- para asegurar sus intereses comerciales y financieros.
Otra estrategia conjunta de intervencionismo fue la “diplomacia del dolar” desde la cual Estados Unidos impuso representantes diplomáticos y bancarios -como el National City Bank of New York– para entrometerse en asuntos internos sobre economía y finanzas, liberando préstamos en dólares a cambio de controlar las aduanas, interviniendo los bancos nacionales y activando inversiones de infraestructura.
Todo ello en pos de evitar la bancarrota por deuda externa o el déficit en la balanza de pagos, buscando esencialmente expandir los intereses financieros y bancarios de Estados Unidos y consolidar los big business como unidades económicas en la región. Las naciones más afectadas fueron Haití (1910-1920), República Dominicana (1912-1924) y Nicaragua (1910-14), donde se establecieron protectorados financieros.
Hacia la segunda década del siglo, tuvo lugar la oleada de intervenciones militares para instalar regímenes dictatoriales en Centroamérica y la invasión al puerto de Veracruz (1914) en plena revolución mexicana. En la mayoría de las naciones centroamericanas se instauraron FFAA represoras de los opositores al gobierno, que representaban los intereses de la burguesía comercial y la aristocracia terrateniente exportadora de alimentos.
En síntesis, con los movimientos de independencia y la consolidación de los Estados nacionales en la región quedó establecido el nuevo orden desde el Estado oligárquico, que remplazó al régimen de dominio colonial español, en cuyos postulados positivistas se fundaron las reformas y proyectos hacia la modernización de las naciones para viabilizar su inserción económica al mercado mundial. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, éste se encontraba liderado por el imperialismo británico y pautado por la competencia intereuropea por los mercados y por el expansionismo militar de enclaves económicos estadounidenses en el Caribe, México y Centroamérica.
Estado desarrollista industrial
El predominio del capitalismo como modo de producción en América Latina se concretó con el Estado oligárquico y mediante un patrón de acumulación y reproducción de capital específico, el primario exportador, que se desarrolla -precisamente- desde la consolidación de Estados nacionales hasta la década de 1930, cuando las oligarquías latinoamericanas buscan dinamizar sus capitales en nuevos sectores económicos, como el petrolero, el de infraestructura, agroindustrial y de servicios en ciudades y puertos.
En las experiencias más avanzadas del capitalismo dependiente latinoamericano -Argentina, Brasil y México: en menor medida en Chile y Uruguay- se comenzó a plantear la industrialización nacional durante el periodo de entreguerras como proceso de desarrollo y modernización, formándose una burguesía industrial de capital nacional sin gran influencia o penetración extranjera. Lo anterior, como consecuencia -en parte- de la gran depresión capitalista a escala mundial. De hecho,
El giro de la política rooseveltiana no se entiende fuera del contexto creado por la crisis en que entra la economía mundial después de 1929. […] Pero había otra razón, todavía, para el cambio de la política estadounidense: esta tenía que adecuarse a las nuevas condiciones surgidas en la región tras la primera guerra mundial, que eran estimuladas por la profundización de la crisis internacional. (Marini, 1993:173)
La crisis del 29 perjudicó a las economías latinoamericanas con el descenso del precio de las materias primas, la repatriación de las inversiones estadounidenses y europeas, las trabas a la exportación de nuestros productos y el encarecimiento de los productos industrializados por la devaluación de nuestras monedas. Resultado de ello, hubo una desocupación masiva, aumentaron las migraciones campo-ciudad y hacia los centros mineros o petroleros, los bajos salarios, el desempleo, la pobreza, la indigencia y la formación de barrios marginales con condiciones de vida y viviendas precarias en los espacios urbanos, además de que tuvieron que incumplirse los pagos a la deuda externa y reducirse las importaciones.
Si a caso, los países mejor posicionados emprendieron un proceso de industrialización para satisfacer las necesidades locales -de mercado interno- que sustituyera las importaciones de bienes manufacturados y bienes capitales hechas a Europa y Estados Unidos. La excepción a la regla fueron Venezuela y Honduras, puesto que sus economías se sustentaban en la renta petrolera -en el primer caso- y los precios del banano estables -en el segundo-; en cambio México, Chile y Bolivia padecieron el descenso de exportaciones minerales y Argentina, Uruguay y Brasil la baja de precios en carnes y cereales.
Contrario a las ideas liberales que permearon discursivamente durante el precedente predominio oligárquico, el Estado intervino en la economía mediante políticas proteccionistas tratando de recuperar la estabilidad, desarrollando actividades productivas, aumentando la recaudación con impuestos arancelarios y realizando juntas reguladoras para organizar la producción según las demandas del mercado externo, situación que las clases dominadas, especialmente los sectores populares, enfrentaron vía la búsqueda de la soberanía económica y la lucha por la liberación nacional.
Frente a las insurgencias sociales, había que legitimar esta nueva forma de intervención del Estado y en América Latina se resolvió de dos maneras: por la vía consensual buscando alianzas con amplios sectores de la población -incluso con la clase trabajadora-, o por la vía coercitiva que mantuviera una estructura de dominación política y explotación económica favorable a las élites locales -entre las cuales estaban los militares- en alianza con capitales extranjeros -principalmente estadounidenses- para seguir produciendo alimentos y materias primas de exportación, ajenos a las necesidades propias de la población que las producía.
A los gobiernos que, durante este periodo, optaron por la vía consensual y alcanzaron una relación más estrecha con los sectores populares de las sociedades latinoamericanas, se les calificó como populistas, puesto que se conducían bajo la práctica política del “populismo” dando concesiones a sus demandas sindicales y de derechos laborales a cambio de un respaldo social amplio para realizar reformas constitucionales hacia una mayor inserción económica al sistema capitalista mundial.
Se puede convenir que un gobierno populista se caracteriza por ser interventor en el ámbito económico alentando procesos de industrialización nacional, de estatización de empresas -en sectores estratégicos como los energéticos-, así como regulando subsidios y protección aduanera a la producción local. Igualmente, los gobiernos populistas latinoamericanos se particularizaron por implementar políticas asistenciales mediante la utilización del gasto público para la redistribución del ingreso con miras a ampliar el mercado interno.
Fue el caso de Brasil, México y Argentina durante los gobiernos de los Generales Getúlio Vargas (1934-45; 1951-54), Lázaro Cárdenas (1934-40) y Juan Domingo Perón (1946-55), respectivamente. Los gobiernos populistas respondieron a una situación de crisis procurando un cambio en las relaciones sociales desde el poder estatal permitiendo experiencias democráticas de participación popular directa y priorizando el carácter nacionalista del gobierno.
En los tres casos, presentaron un estilo personalizado de gestión del poder político en el cual las FFAA mantuvieron protagonismo y un considerable peso en las decisiones de gobierno, además de cumplir su función represiva mediante el uso monopólico de la violencia contra quienes se opusieran a los intereses estatales.
En cambio, a los gobiernos que optaron por la vía coercitiva y basaron sus gobiernos en relaciones clientelares sostenidos mediante fraudes electorales apoyados directamente por corporaciones monopólicas de Estados Unidos en alianza con las oligarquías locales, se les calificó como patriarcales, puesto que centralizaron la autoridad de las FFAA usándolas como ejércitos privados de los regímenes impuestos, por lo cual también se les conoce como “dictaduras patriarcales” cuyo proceso de modernización se limitó al discurso, alcanzando un incipiente desarrollo industrial que beneficiara las necesidades locales de la población.
El Estado desarrollista latinoamericano, fuera bajo gobiernos populistas o patriarcales, se caracterizó por imponer su autoridad política mediante el despojo, el sometimiento y el racismo, en sociedades compuestas por criollos mestizos, campesinos indígenas y afroamericanos, inmigrantes disidentes y obreros sindicalizados, dejándoles en la marginación económica y la exclusión social. A diferencia de los gobiernos populistas en los tres países latinoamericanos más extensos territorialmente y más avanzados económicamente, los gobiernos patriarcales tuvieron lugar en el grueso de los países de América Latina.
En consecuencia, las insurgencias en la región se agudizaron propagándose los levantamientos campesinos, la formación de ligas agrarias, organizaciones obreras, sindicatos, movimientos y organizaciones feministas, partidos políticos. Se articularon movimientos populares contra la ocupación extranjera del territorio y el gobierno nacionales, por lo cual se les conoce como movimientos de liberación nacional, obedeciendo a la falta de una política democrática y una economía nacional que priorizara las demandas de la propia sociedad frente a los mandatos hegemónicos de Estados Unidos, lo cual disgregó a los países de la región en naciones dependientes del imperialismo.
Dichos movimientos buscaban construir nuevas correlaciones de fuerza para enfrentar al poder oligárquico e imperialista que impedía el desarrollo productivo y la consciencia nacional en vías de terminar con la dependencia, generar un mercado interno y “modernizar” los países. En Centroamérica, los movimientos de liberación nacional se reconocieron influenciados por el proceso revolucionario mexicano, destacando como líderes Farabundo Martí en El Salvador (1929-32) y Augusto César Sandino en Nicaragua (1926-34).
Igualmente, el antiimperialismo fue una idea movilizadora de masas en esto movimientos y en los procesos revolucionarios de Bolivia (1952) – donde los indígenas tomaron las tierras para repartirlas alcanzando la segunda reforma agraria en la región-, de Guatemala (1944-54) -cuyo eje central fue también la reforma agraria con un fuerte componente indígena y antiimperialista- y de Cuba (1959), así como en las Ligas Campesinas en Brasil y los movimientos campesinos en Perú y Colombia que desembocan en la organización de la lucha armada en el espacio rural.
De esta manera, el distinto grado de desarrollo industrial y económico alcanzado por los países de la región, marcaron el rumbo social durante las siguientes décadas del siglo XX. Las sociedades en resistencia y los movimientos populares de liberación nacional tuvieron diferentes logros, según su grado de organización política y condiciones específicas a enfrentar. En cualquier caso, fuera Estado populista o patriarcal, las FFAA tuvieron un papel fundamental sin el cual no hubiera sido posible pasar del predominio oligárquico al capitalismo como modo de producción generalizado en América Latina. Incluso “Los casos en que la centralización política y militar es más tardía no hacen sino confirmar su importancia decisiva para asegurar la viabilidad nacional.” (Marini, 1994:130)
Por su parte y para este momento, Estados Unidos venía remplazando las intervenciones militares abiertas por la colaboración continental con las FFAA de las naciones latinoamericanas desde inicios del siglo XX, mediante la política de “buena vecindad” promovida por Roosevelt desde la Unión Panamericana.
El primer país en optar por la cooperación militar con Estados Unidos fue Brasil en 1922, mediante un acuerdo bilateral para recibir una misión naval norteamericana para la reorganización de su armada; diez años después firmaron el acuerdo de asistencia militar, proyecto que se hizo extensible a todos los países de la región en la II guerra mundial. Posteriormente, Brasil le cedió a Estados Unidos su base naval ubicada en la ciudad de Natal colindante al mar atlántico sur y establecieron la Comisión de Defensa Conjunta.
Aunque el desarrollo de la industria nacional alcanzó el funcionamiento como patrón de acumulación y reproducción de capital en la región contribuyendo al crecimiento del mercado interno mediante el proceso de sustitución de importaciones y modificando -en cierta medida- la estructura de las economías latinoamericanas, no rompió sus relaciones de dependencia respecto a las economías imperialistas. Al contrario, tales relaciones se agudizaron puesto que la inserción de los países de América Latina al capitalismo mundial implicó la subsunción formal y real de sus economías a la acumulación de capital a escala internacional.
A excepción de Brasil,[4] este patrón industrial para el mercado interno se instauró paulatinamente en los países de América Latina durante el periodo 1930-1945 y se mantuvo por tres breves décadas (1945-1975). Se consolidó en la región la estructura política del Estado, se institucionalizaron las FFAA detentando el uso monopólico de la violencia, se alcanzó la industrialización y la modernización de sus centros urbanos. Se nutrió la sociedad capitalista de una burguesía industrial y comercial y de la clase trabajadora, proceso que complejizó la lucha de clases agudizando sus contradicciones.
La transición del Estado oligárquico al Estado formalmente capitalista en su fase populista o patriarcal no rompió con la subordinación de los intereses locales al mercado internacional, sino que profundizó las relaciones de dependencia respecto a las economías centrales y sus prácticas imperialistas de dominación política y explotación económica. Es así como la vinculación al mercado mundial sienta las bases del desarrollo económico latinoamericano y determina su estructura productiva periférica y dependiente.
Estado contrainsurgente exportador
Con la hegemonía ganada por Estados Unidos en la II guerra mundial, América Latina fue forzada al esquema económico imperialista mediante la importación masiva de capitales en inversión privada y maquinaria estadounidenses, así como capital público de este mismo país para infraestructura, principalmente desde al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el ámbito político-militar, la región fue integrada mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado en 1947 -al comienzo de la Guerra Fría y el estadounidense Departamento Estatal Antinarcóticos (DEA) creado al año siguiente.
El sucesor de Roosevelt, Harry Truman (1945-53) puso en marcha la llamada diplomacia atómica -luego de hacer detonar la primera bomba atómica en la historia de la humanidad-, propaganda que consistió en mostrar el poderío nuclear de Estados Unidos sobre el resto del mundo para disuadir a los países “enemigos” en conflictos diplomáticos e impulsar los intereses armamentistas del complejo industrial militar estadounidense. En análisis de Marini,
la contrapartida de la hegemonía estadounidense fue la configuración de una nueva forma de dependencia más compleja y, al mismo tiempo, más radical que la que había prevalecido anteriormente. La profundización de esta nueva dependencia y las luchas libradas en su contra estuvieron en la base de los grandes acontecimientos sociales, políticos y culturales que marcaron la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX.(1993:176)
Ello despertó rechazo a las inversiones extranjeras entre ciertas fracciones burguesas nacionalistas y en los sectores populares de las sociedades latinoamericanas. Al interior de las clase dominantes se desataron pugnas entre los sectores oligárquicos y la burguesía industrial, pues los primeros tendían a aliarse con capitales extranjeros mientras que los segundos buscaban el enriquecimiento vía el desarrollo de la industria nacional.
Por su parte, las clases dominadas conformadas por campesinos y obreros generaban amplios movimientos populares de lucha enmarcadas desde una convicción antiimperialista que, si bien estaba presente en la región desde el siglo XIX, recobró fuerza en el Caribe, Centroamérica y México durante los años treinta y cuarenta debido a la temprana injerencia estadounidense. Luego fue retomada decisivamente en el resto de la región hacia los años cincuenta:
El elemento antiimperialista es uno de los factores que va a favorecer, va a empujar el surgimiento de la izquierda revolucionaria, en la medida en que esta trata de asumir de forma no tradicional, con una propuesta más fuerte, más radical, el enfrentamiento al avance imperialista. (Marini, 1989:181)
Este resurgimiento antiimperialista se explica porque la penetración de capitales imperialistas en la esfera productiva vino a agudizar los problemas de las sociedades latinoamericanas puesto que cayó el crecimiento de las economías y se evidenció su tendencia al estancamiento. Otro elemento a considerar en este momento histórico es la importancia que adquirieron los Partidos Comunistas para la izquierda revolucionaria en la región, todo lo cual sumó a la agitación característica de la década 1950.
En síntesis, en esta década tuvo lugar el ascenso de la lucha de clases, las movilizaciones populares -campesinas y obreras-, la creciente presencia de la hegemonía estadounidense en lo económico, lo militar y lo político, incluso con influencia y apoyo directo a regímenes dictatoriales, conocidos como “dictaduras patriarcales” y -frente a ellos- una amplia lucha desde sectores dominados y dominantes de la sociedad, pues las fracciones burguesas con aspiraciones nacionalistas buscaban el control del Estado para priorizar sus intereses frente a los capitales extranjeros.
Para la década 1960, se transitaba hacia la consolidación de la burguesía nacional industrial como clase dominante bien posicionada en el bloque de poder. Mientras continuaba la acumulación de capital a escala local, la burguesía industrial imperialista llevaba décadas invirtiendo en sectores clave donde las burguesías latinoamericanas no tenían presencia, como el automotriz y la petroquímica.
Ello posibilitó su alianza interburguesa, favorable a la penetración de capitales extranjeros en los sectores productivos de la industria, más allá de las anteriores formas de penetración que se limitaban a los ámbitos comercial y financiero. Sin embargo, respecto al desarrollo de la industria nacional las burguesías latinoamericanas mantuvieron una posición de rechazo a los capitales privados, apostando a los préstamos y financiamientos por parte del Estado que generaran la infraestructura necesaria hacia la industrialización.
Esta posición se enmarcó en el desarrollismo, expresión sistematizada por la CEPAL cuyo planteamiento fue que el desarrollo económico desde la industria traería consigo la redistribución del ingreso mediante el crecimiento del empleo y de los salarios, así como el aumento de la productividad en el campo; de esta manera, se resolverían los problemas sociales sin mayores decisiones políticas desde el Estado.
Más allá de esta idea, las soluciones de la CEPAL resultaban infructuosas puesto que la realidad superaba sus planteamientos: la industrialización atrajo población de los espacios rurales hacia los centros urbanos que crecían aceleradamente nutriendo, por ende, el ejército industrial de reserva mediante el desempleo y subempleo urbano, manteniendo a las clases dominadas en la miseria y a los sectores medios en el empobrecimiento. Se formaron monopolios -tanto extranjeros como nacionales- que concentraron las “bondades” del desarrollo industrial y la tecnificación de la producción, impidiendo que llegaran a los sectores medios y bajos de las sociedades latinoamericanas.
Mientras que el desarrollismo ha sido ubicado como ideología burguesa, el marxismo se ha considerado parte del pensamiento de izquierda, ambos con fuerte presencia en los años sesenta; en este marco, la teoría de la dependencia fue el posicionamiento político e ideológico más firme y la lucha armada o guerrilla rural fue la vía combativa por la que optó la izquierda revolucionaria que llevó al triunfo a la Revolución cubana recién en 1959.
Las guerrillas latinoamericanas fueron expresiones a lo largo y ancho de la región, teniendo en común -entre su diversidad- “el antiimperialismo, el tercermundismo y la aceptación de la vía armada como un camino viable para lograr la liberación nacional y la revolución social”. (Gallego et.al., 2015:358)
En este contexto, la declaración del sistema socialista cubano vino a cuestionar, de facto, el esquema de alineamiento con Estados Unidos, dándole un gran impulso a los movimientos campesinos que comenzaban a tener mayor peso en el rumbo de la lucha de clases:
La lucha armada era considerada como una respuesta legítima a la violencia institucionalizada, especialmente en aquellos países que sufrieron condiciones políticas proscriptivas y represivas, o prolongados regímenes militares. (Gallego et.al., 2015:358)
Surgen, pues, múltiples movimientos revolucionarios obreros, campesinos, guerrilleros, marxistas, partidos comunistas, etc.- en el grueso de América Latina, el Estado recrudeció su rasgo autoritario llevando la lucha política a una situación de guerra mediante la contrainsurgencia:
Hay que entender que la contrainsurgencia es un enfoque militar de la lucha política, porque la lucha política supone el juego de diferentes sectores, distintas fracciones, fuerzas y victorias que no implican el aniquilamiento del adversario, simplemente, el que pierde pasa a la oposición y desde la oposición tiene la oportunidad, a través de la lucha política, de volver a asumir el poder. En este modelo del proceso de lucha política, concebido y practicado por la burguesía hasta 1960, la aplicación de la contrainsurgencia considera la lucha política como un proceso en que hay que aniquilar, destruir al enemigo. Por eso es un enfoque militar que sustituye al político. (Marini, 1989:207)
Respecto a América Latina, en la política estadounidense destacaron dos presidentes en la década 1960, John F. Kennedy y Richard Nixon, por implementar la Alianza para el Progreso en conjunto con una política exterior más agresiva, que enmarcaron los programas de modernización y desarrollo mediante la ayuda militar y el apoyo a las dictaduras militares en los países sudamericanos.
Para ello, se crearon el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). No obstante, las insurgencias continuaron ampliándose hacia diferentes trincheras y combinándose con el ascenso de masas en las diversas organizaciones de izquierda revolucionaria.
La cuestión de la revolución parecía algo más o menos simple; las dificultades aparecerían más tarde en la práctica, debido al hecho de que desde 1964 los Estados Unidos implementaron la contrarrevolución a gran escala. Aunque ya en 1961, cuando asciende Kennedy, se empieza a poner de pie la doctrina de la contrainsurgencia logrando, finalmente, a partir del golpe militar en Brasil, iniciar el proceso de ofensiva contrarrevolucionaria en Latinoamérica. (Marini, 1989:206)
Oficialmente, Estados Unidos implementó la Doctrina Nixon (1969) para reforzar la capacidad militar en los países latinoamericanos cuyo alineamiento era más estrecho -aquellos bajo regímenes dictatoriales- y definió mediante el Pentágono la Contrainsurgencia como una lucha para la cual todos estos países debían prepararse mediante “medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva”. (Gallego et.al., 2015:394)
Esta ofensiva se intensificó en los años setenta; la vía de la lucha armada fue fuertemente reprimida hasta su derrota, específicamente a partir del 1975. En consecuencia y de manera paulatina, se presentó una efervescencia intelectual en las universidades, ganando terreno como trinchera de lucha política, mientras que las organizaciones populares disminuyeron su capacidad de acción. En el mejor de los casos, de ellas se desprendían cuadros que volvían a conformar movimientos de masas, llamados movimientos sociales que no tenían propiamente un eje conductor de izquierda, sino que se mantenían autónomos frente a la agenda y acción directa revolucionarias.
La Contrainsurgencia se aplicó con brutalidad en toda la región, alcanzando la coordinación militar entre las dictaduras de los países sudamericanos con la Operación Condor (1975) bajo financiamiento y apoyo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) para la represión y aniquilación del enemigo interno, principal objetivo de las Dictaduras de Seguridad Nacional. Tal esquema de coordinación regional se replicó en la Operación Centroamérica (1977) ejercida hasta 1981.
Evidentemente, esta nueva fase contrainsurgente modificó la correlación de fuerzas en las sociedades y Estados de América Latina, orillando también a una nueva fase de redefinición de lucha. Tras la derrota a la izquierda revolucionaria en los países del sur, se siguió hacia los países centroamericanos -precisamente- cuando ascendían las masas y emergían con vigor reivindicando el antiimperialismo y el marxismo revolucionarios.
En la esfera económica, este reacomodo en la correlación de fuerzas obedecía a que el patrón industrial de reproducción de capital se agotó definitivamente en la mayoría de los países de la región hacia fines de los años setenta, entrando en una etapa transitoria hacia el neoliberalismo exportador de especialización productiva, mejor ubicado como reprimarización exportadora.
También en este momento resurgió el planteamiento cepalino con el neo-desarrollismo como modelo alternativo para las burguesías nacionales, preocupado por el desarrollo económico tanto en la esfera distributiva como productiva, encabezada por Fernando Fanjzylber, quien argumentó que el desarrollo requiere un Estado activo aunque menos intervencionista en el contexto de economías abiertas cuyo énfasis debía estar en la acumulación de conocimientos con base en el progreso técnico.
Como apuntó Marini, “En el plano de las ideas, surgieron corrientes de tanta significación para el avance de la conciencia latinoamericana, como el desarrollismo cepalino y la teoría de la dependencia.” (1993:176) Es en este marco que el pensamiento crítico latinoamericano se revoluciona, erigiendo una propia construcción histórica sobre América Latina como objeto de estudio y sujeto de transformación social.
Hubo, pues, cambios en lo económico mediante el paso de un patrón de acumulación y reproducción de capital a otro, una fase del Estado contrainsurgente a otra y de una modificación en el discurso ideológico en las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Todo lo anterior, dejó relegada la “democracia” en el discurso, puesto que la estructura y funcionamiento del Estado que entraba en vigencia impedía que en la práctica se realizara un proceso democrático que, sin duda, buscaría ir en sentido contrario al proyecto burgués imperialista que se imponía en la región.
Conclusión
La relación existente entre imperialismo, dependencia y Estado debe considerarse a partir de los estadios que atraviesa la conformación histórica del Estado y del capital hasta llegar a la mundialización capitalista que presenciamos hacia la segunda década del siglo XXI. A su vez, la redefinición del Estado latinoamericano no se entiende sin tomar en cuenta las modificaciones al interior de su estructura y hacia su política exterior respecto al imperialismo norteamericano.
Las contradicciones entre las escalas del espacio social o interescalares que derivan de estas relaciones, son resultado de un proceso dialéctico de internacionalización-internalización del capitalismo mundial desde el lugar histórico de América Latina. En palabras de Osorio,
Allí radica la internalización local de las contradicciones del sistema mundial. En estas condiciones las posibilidades de que el Estado-nación del mundo subdesarrollado y dependiente pueda generar imaginarios de comunidad se ven restringidas, cuando no anuladas, prevaleciendo por el contrario su dimensión de poder despótico y autoritario. En esta lógica reside el que sean Estados-nación dependientes y subdesarrollados los eslabones débiles de la cadena de dominio y poder que el capital articula y unifica en el sistema mundial. (2017:83-84)
En América Latina, donde la historia política se ha determinado por el autoritarismo que impide la existencia de sociedades democráticas y donde el Estado “clásico” burgués se compone estructuralmente de otro tipo de relaciones que comandan su funcionamiento dándole una forma particular al Estado latinoamericano. Es decir, que
La condición de dependencia (o periferia) no es solamente un problema externo. Grupos locales en las naciones periféricas sacan provecho de sus alianzas con el capital transnacional, financiero e industrial, por lo que también participan en el curso de estos procesos, lo que no niega la presencia de contradicciones y conflictos. Esto explica la paradoja de que mientras en los países dependientes se empobrecen, aumente el número de grandes fortunas de empresarios del mundo periférico en las listas de los principales millonarios del planeta, particularmente asentadas en América Latina. (Osorio, 2009:151-152)
Sobre la autora
* Licenciada, maestra y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Docente en la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El presente texto ha sido extraído y adaptado de G. Rmz. Kuri, Geopolítica en América Latina: Imperialismo y Estado en el capitalismo dependiente (México: UNAM, Tesis doctoral, 2021).
Notas
[1] La DIT se traduce en términos espaciales como división territorial del trabajo, condicionada por la capacidad técnica y tecnológica que cada formación social desarrolla, misma que les permite producir y transformar su espacio delimitado.
[2] El bolivarismo sería la idea y convicción de conformar una gran nación, Nuestramérica -excluyendo a Estados Unidos- entre las repúblicas hispanoamericanas resultantes del proceso de independencia respecto a la Corona española que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX. Esta idea fue sembrada por Simón Bolívar y sus séquitos, habiendo trascendido los siglos XIX y XX, para ser retomado por el proyecto bolivariano del Estado venezolano a inicios del siglo XXI.
[3] La excepcionalidad de la Revolución Mexicana confirma la regla, pues logró implementar una serie de cambios hacia otro rumbo político en las primeras décadas del siglo XX.
[4] En la experiencia concreta de Brasil, el patrón industrial para el mercado interno se extendió de la década 1930 hasta la de 1990, manteniendo un desarrollo industrial nacional significativo hasta el año 2015 cuando entra en un proceso de desaceleración y reprimarización económica por los efectos de la crisis capitalista iniciada en 2008.
Bibliografía
Calderón, G. 2018 “Dos escalas del desarrollo desigual”, Territorialidades múltiples. Tiempo, espacio y pensamientos críticos (México: FFyL-UNAM) pp.15-48.
Gallego, M. Gil, F. y Eggers-Brass T. 2006 (2015) Historia Latinoamericana 1700-2005. Sociedades, culturas, procesos políticos y económicos (Buenos Aires: Maipue).
Marini, R. M. 1989 (2012) “Elementos para un balance histórico de treinta años de izquierda revolucionaria en América Latina”, El Maestro en rojo y negro (Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN), pp.179-222.
———————– 1993 (2012) “La idea de la integración latinoamericana”, El Maestro en rojo y negro (Quito: IAEN), pp.163-178.
———————– 1994 (2012) “Las raíces del pensamiento latinoamericano”, El Maestro en rojo y negro. (Quito: IAEN), pp.125-139.
Osorio, J. 2009 El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad Autónoma Metropolitana).
—————— 2017 “Capitalismo, Estado y sistema mundial: contradicciones económicas y políticas”, Revista Crítica Marxista, n.44, pp.57-85.