Por Georgette Ramírez Kuri*
Alejándose críticamente de las pretensiones de universalizar las experiencias concretas desde la teoría general del Estado, la teoría social latinoamericana analizó y discutió arduamente las condiciones históricas de conformación del Estado en América Latina, partiendo de las determinaciones que sus formaciones sociales adquirían bajo el capitalismo periférico y dependiente.
Formulando debates internos principalmente, se estudiaban las elaboraciones que sobre el Estado se hacían desde los países del capitalismo central e imperialista, distinguiendo las vertientes de pensamiento de mayor influencia y asumiendo posturas críticas frente a ellas. Diversos autores latinoamericanos trabajaron durante décadas sobre la redefinición del Estado en América Latina, siendo entre los años setenta y ochenta cuando se registró una concentración de temáticas que lo evidenciaban como problema a ser discernido.
En este artículo se sintetiza un recorrido teórico-histórico sobre la redefinición del Estado latinoamericano desde América Latina, específicamente desde la teoría social latinoamericana que mantuvo como eje articulador a la teoría marxista. Reconocemos la existencia de otros esfuerzos interpretativos y de análisis, principalmente en los campos de la ciencia política y las relaciones internacionales, sin embargo no son nuestro objeto de estudio en esta ocasión.
Pensando el Estado desde América Latina
Así como el realismo político fue una crítica al liberalismo desde los países centrales, en América Latina se desarrolló una crítica a las formulaciones del Estado desde la concepción liberal de la política, planteando diferencias con la forma de Estado existente en los países latinoamericanos. Coincidimos con el investigador argentino Leonardo Granato (2018) en que
El abordaje liberal clásico que prevalecía consideraba al Estado como un conjunto de instituciones situado fuera y por encima de la sociedad, desempeñando un rol de mediador neutral dotado de aptitud que garantizara, a través de sus decisiones y políticas, el llamado “interés público”, o bien común de todos los individuos.
La realidad social latinoamericana pautada de manera constante por regímenes autoritarios, puso en entredicho la “naturaleza” del Estado liberal que supuestamente existía. Al mismo tiempo, el ejercicio geopolítico de los Estados quedaba al descubierto y la división internacional del trabajo posterior a los conflictos bélicos mundiales exigía nuevos planteamientos en todos los ámbitos y escalas de la política.
Sobre todo durante la guerra fría, se comenzó a cuestionar el concepto liberal aplicado al Estado desde la teoría social latinoamericana, buscando comprender la singularidad del Estado latinoamericano en el mundo bipolar.
Para autores insertos en organismos internacionales como la CEPAL, el lugar del Estado quedaba relegado a las problemáticas de modernización industrial y desarrollo económico, mientras que desde las ciencias políticas y sociales se multiplicaban los intentos de teorización del Estado latinoamericano.
Contribuyendo al diagnóstico panorámico de posguerra, el geopolitólogo uruguayo Vivian Trías apuntó que el régimen capitalista nunca estuvo en riesgo durante las guerras mundiales, manifestando la adscripción de su crítica a la teoría marxista latinoamericana:
Se ha objetado que las contradicciones interimperialistas no pueden asumir el rol de principal, porque son pugnas entre Estados y no entre clases. Objeción sin fundamento, a nuestro juicio, ya que la política expansiva de las metrópolis es la consecuencia de sus contradicciones internas, las cuales se expresan justamente, en la lucha de clases. (1989, p.76)
Señaló que, incluso en la década de 1960, las consecuencias de la posguerra se expresaban en que
Los acuerdos político-estratégicos imprescindibles, resultaron inusitadamente trabajosos, laberínticos, erizados de susceptibilidades, de remanentes de viejas rivalidades. El fruto de la nueva vía ha sido más que magro, decepcionante. La presión de los Estados Mayores, sin embargo, no ha cejado en sus reclamos. (1989, p.177)
No obstante, durante la década siguiente los esfuerzos por definir el Estado en América Latina respondían, en general, a la versión teórica clásica liberal vinculada a los patrones eurocéntricos del “deber ser” de un Estado moderno respecto a la organización política y burocrática estatal.
Concordando con Granato (2018), “Este discurso modernizador es claramente identificado en aquellas contribuciones del desarrollo político que colocaban a la variante periférica y latinoamericana de Estado como atrasada y ‘desviada’ de los cánones del ‘auténtico’ Estado moderno-europeo”.
En su lugar, había que generar respuestas propias en torno a la cuestión del Estado latinoamericano: explicar cuál es la naturaleza del Estado en la región, así como su posterior devenir histórico a partir de su real conformación política y social. No desde lo que debería ser, según el concepto liberal.
Durante la posguerra, en América Latina se estableció la doctrina de seguridad nacional (DSN) como tendencia regional de alineación con el proyecto norteamericano de modernidad, que recrudecía el uso de la violencia desde las fuerzas armadas (FFAA) del Estado en contra de las grandes mayorías que luchaban por su inclusión social.
La centralidad de las FFAA contra los procesos sociales revolucionarios en Bolivia (1952), Guatemala (1954), Cuba (1959) y la represión que perfilaba su sistematización desde la década de 1960, demostraban que el Estado en América Latina estaba lejos de regirse por los principios políticos del liberalismo, lo que levantaba suspicacias entre las ciencias políticas y sociales de la región.
Lo que quedaba cada vez más claro era que en América Latina, la concepción liberal del Estado no se correspondía con el devenir histórico latinoamericano. Había que definir, entonces, cuál y cómo era el Estado en la región, por lo que éste se fue erigiendo como objeto de estudio y problema teórico a descifrar.
El sociólogo argentino Marcos Kaplan sintetizó las tres posturas desde donde se abordaba la cuestión del Estado en América Latina:
el avance del marxismo, en su variedad dogmática, con creciente influencia en los medios académicos, políticos y de organismos internacionales pero sometido luego a una crisis interna y a un despliegue de orientaciones heterodoxas y renovadoras; la recepción y progreso de las tendencias predominantes en la sociología y la ciencia política de Estados Unidos y Europa Occidental; la participación creciente de centros públicos internacionales de investigación y docencia (CEPAL, UNESCO, OEA, etc.). (1990, p.98)
Así, entre las décadas de 1970 y 1990 se produjeron ávidos debates sobre el Estado como problema fundamental en el contexto político y geopolítico de mundialización. Aunque, de acuerdo con Kaplan, desde la sociología y las ciencias políticas sólo se elaboraron versiones dogmático-reduccionistas del Estado.
En general y arrastradas por planteamientos elaborados en países centrales, se ubicaron dos grandes interpretaciones del Estado: la instrumentalista, cuyo precursor fue el sociólogo británico Ralph Miliband; y la estructuralista, fundada por los planteamientos del sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas.
Una síntesis puntual sobre la primera vertiente es la definida por Trías:
El estado, en efecto, no es una entelequia, una abstracción, sino el instrumento de poder de una clase social. El Estado posee un contenido y una significación diferentes, según la clase que los use como herramienta al servicio de sus intereses, según la clase a la que exprese. Y son, precisamente, las clases las que determinan, en primer lugar, las políticas de los estados. (1989, p.28)
Por su parte, el enfoque estructuralista del Estado puede sintentizarse en la siguiente definición del economista y politólogo argentino Pablo Miguez:
La unidad de las clases corresponde a la unidad del Estado como factor organizador de su unidad propiamente política, siendo dicho Estado una relación social compleja en cuyo seno se desarrolla la lucha de clases. El Estado es parte de la estructura del modo de producción capitalista y goza de una autonomía relativa para lograr la cohesión social de las “fracciones de clases constituidas en el bloque en el poder”. (2010, p.648)
La versión instrumentalista del Estado discutía con el liberalismo político, señalando la imposibilidad democrática en el capitalismo y la imparcialidad de las instituciones políticas estatales al ser instrumentadas. Mientras que la perspectiva estructuralista debatía con las posturas francesas vinculadas al Partido Comunista y con las interpretaciones del capitalismo monopolista que le daban al Estado el papel de instrumento al servicio del capital.
Ambas apuestas interpretativas buscaban alejarse de las explicaciones economicistas para discutir la dimensión política del Estado, sin embargo han sido criticadas por desconsiderar la dimensión económica que el mismo Karl Marx planteó críticamente a la economía política, limitando esta apuesta conceptual del Estado por su sesgo politicista.
Dentro de la teoría social latinoamericana, el politólogo boliviano René Zavaleta discutió con ambas interpretaciones señalando que cada una de ellas debe contextualizarse para enmendar la “falta de circunscripción del análisis al área geográfica en que ocurrió” (1985, p.83), evitando así limitar al Estado a una u otra definición. De hecho, para el autor la forma estructuralista del Estado no negaría a la instrumentalista si se pensaran dialécticamente y en su justa dimensión histórica y geográfica.
Para Zavaleta, el Estado es estructural en tanto que es el Estado propio del capitalismo organizado, y es instrumental en los momentos primarios de poder -o coyunturas- en los cuales se dirime más álgidamente la lucha de clases, situaciones que son determinadas por la historicidad particular de cada Estado en su relación con la sociedad. En sus palabras,
La cualidad estatal, no estatal o intermedia de una instancia depende de su momento. […] Las mediaciones tienen entonces un contenido aleatorio o mutante. […] El Estado y la sociedad, por eso, se invaden, se reciben y se interpretan de acuerdo a las circunstancias de la realidad concreta, aunque es cierto que pueden detectarse tendencias largas o histórico-estratégicas. (1985, pp.85-86)
Zavaleta formuló así un avance relevante en la teorización del Estado latinoamericano que superó la discusión entre las corrientes instrumentalista y estructuralista de la teoría general del Estado, concluyendo que “Los términos mismos, por eso, estructuralista o instrumentalista, describen más bien datos factuales que marcos metodológicos para estudiar el Estado.” (1985, p.85)
Ya en 1977 el investigador chileno Norbert Lechner criticaba ambas interpretaciones planteando que,
partiendo de la realidad concreta en América Latina, no es viable una concepción cosificada del poder, que visualiza el carácter clasista del Estado como un contenido intercambiable dentro de una forma neutral. El Estado aparece como una cosa a disposición de una u otra clase para su uso alternativo. Posteriormente el advenimiento del régimen militar se encarga de recalcar que el Estado no es ni una cosa al margen ni un actor social por encima del proceso social. Además, la instalación del nuevo autoritarismo incluso en Chile inclina a pensar nuevamente en ciertos rasgos comunes a la región, una perspectiva olvidada en la fase anterior, centrada sobre la especificidad de la sociedad chilena. Es en este contexto social que se plantea el Estado como problema. (pp.12-13)
Entonces, asumiendo el Estado como problema a discutirse mediante la realidad concreta, más allá de la pretensión de una teoría general del Estado, Lechner planteó que la definición del Estado en América Latina debe partir de asumir “la formación capitalista latinoamericana como un momento del desarrollo del capital total.” (1977, p.19)
De acuerdo con el autor, el Estado es la forma que asumen las relaciones sociales en la totalidad social pautada por el modo de producción capitalista, mismas que son organizadas por el Estado para garantizar el dominio político y la explotación económica en las que está basado: el Estado es “un momento co-constitutivo de las relaciones capitalistas de producción.” (1977, p.15) Este proceso histórico es protagonizado por la experiencia concreta de una sociedad determinada por lo que, en última instancia, “El Estado es la forma constituida por las mediaciones de la praxis social.” (1977, p.18)
Estado en América Latina: correspondencia teórica-histórica
Para conceptualizar el Estado en América Latina, entonces, se debe partir de la realidad concreta latinoamericana para hacer una abstracción real que aterrice en explicar la forma particular del Estado latinoamericano. De lo contrario, recaeríamos en el equívoco de que “no hay una conceptualización a partir de la práctica social por lo que el despliegue de las categorías deviene una falsa abstracción.” (1977, p.18) Lechner concluye que
No hay una “teoría per se” y menos un “marco teórico” que se pueda “aplicar”. No se puede “deducir” el Estado en América Latina de una teoría general del Estado burgués. Se trata de superar la falsa divergencia entre un estudio teórico del Estado burgués como “modelo” o “tipo ideal” y un estudio empírico del Estado en América Latina como “caso desviado”. Ello exige comprender el capitalismo como una totalidad y la sociedad latinoamericana como una forma particular a través de la cual se concretiza el desarrollo capitalista. (1977, p.18)
Articulado con el devenir histórico regional, el golpe de Estado de 1973 en Chile le sugería que “El autoritarismo no es un fenómeno aislado en América Latina.” (1977, p.21). Aunque no es el caso de Lechner, era de esperarse que autores latinoamericanos inmersos en regímenes dictatoriales de extrema violencia estatal entre las décadas 1960-80, plantearan el Estado de excepción como posibilidad explicativa de la realidad social vivida en la región.
Se trata de posturas que tuvieron el acierto de explicar las dictaduras militares en América Latina leyendo al calor de los hechos la excepcionalidad coyuntural, mediante la noción del Estado de excepción. Pese a que no abordaron al Estado como un problema estructural, apuntaban que los regímenes autoritarios no eran un simple cambio de gobierno sino que buscaban modificar, en algún sentido, la estructura política del Estado. Entonces, el Estado de excepción en América Latina se circunscribe a conceptualizaciones específicas según los autores que trabajan sobre esta noción: el Estado de seguridad nacional y el Estado militar.
Para Luis Maira, abogado y diplomático chileno, “El Estado de seguridad nacional aparece como una forma particular de Estado de excepción que se funda en el principio de la guerra interna permanente.” (1990, p.114) Bajo esta forma,
Las categorías ideológicas fundantes de las concepciones norteamericanas de la seguridad nacional fueron asumidas, por lo mismo, por los oficiales de los principales ejércitos latinoamericanos, como un elemento que revalorizaba y daba una proyección de largo plazo al quehacer militar en un plano doméstico. (1990, p.116)
Maira recurre al Estado de seguridad nacional para referirse a las dictaduras militares en América del sur, específicamente las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay en las décadas 1960 y 1970.
Por su parte, el investigador y militante haitiano Gérard Pierre Charles usó el término de Estado de seguridad nacional para explicar la realidad en el Caribe, considerando que es una forma política que se replica en los países centroamericanos. Para este autor, el Estado de seguridad nacional se concreta en lo siguiente:
En el conjunto del Caribe, las misiones militares norteamericanas, incluso en los territorios bajo control británico, francés y holandés, establecen relaciones de cooperación con las FFAA y la policía. Los “cuerpos de paz” son diseminados en el área, al tiempo que las sectas religiosas más diversas actúan para despolitizar a la gente y tejer una red informativa (de contrainformación) desde y hacia Washington. Se trata de construir una imagen del peligro comunista en la amenaza que implica para cada país del área, y de desarrollar una labor ideológica para crear una filosofía de la supeditación. (1990, p.601)
Desde ambos autores, el concepto de Estado de seguridad nacional buscó dar cuenta de la internalización en las estructuras estatales de la DSN estadounidense aplicada en la región durante la guerra fría, dejando fuera -sin embargo- a aquellos gobiernos que no estuvieron enmarcados en dictaduras militares formales.
Dado que el Estado de seguridad nacional fue pensado para explicar casos y coyunturas específicas en América Latina, no puede aplicarse para la región en conjunto. No obstante, contribuye a comprender el proceso de interiorización efectiva de la DSN por parte de las FFAA latinoamericanas. En este sentido, importa mencionar la obra El Estado militar en América Latina, pues logra esbozar de manera más acabada la relación entre el Estado y las FFAA .
Su autor, Alain Rouquié, politólogo y embajador francés en países de la región, contribuyó a la discusión del Estado en América Latina haciendo una revisión histórica que visibiliza el papel preponderante que han ocupado las FFAA, desde la formación de los Estados nacionales y sus respectivos ejércitos hasta la consolidación del Estado moderno y las dictaduras militares como una de sus expresiones vigentes hacia 1984, año en que publicó dicha obra.
La dimensión militar del Estado latinoamericano es un elemento fundamental para la comprensión de su singularidad, por lo que es relevante analizarla y desfetichizarla dentro de la estructura política estatal. Sin embargo, definir que el Estado latinoamericano es militar corre el riesgo de fetichizar el peso político de los demás ámbitos estatales de poder y de las pugnas interburguesas en el Estado.
Más que un Estado militar, en América Latina se ha producido históricamente un proceso de militarización como parte de la versión americanizada de modernidad que ha asumido el Estado y de la norteamericanización de la seguridad en la región. Los principales estudios que al respecto se escribieron, son aquel del diplomático chileno Gabriel Gaspar “La Militarización del Estado latinoamericano: algunas interpretaciones” (1987) y el de la investigadora mexicana Teresa Castro “Contribución para el estudio del Estado: el debate sobre el fascismo y el militarismo en América Latina” (1990).
Como se ve, desde teoría social latinoamericana se ha redefinido el Estado en América Latina en su historicidad, buscando dilucidar su esencia partir de las contradicciones presentes en las relaciones sociales que ya habían sido señaladas por la teoría marxista en general. A inicios de los noventa, dos publicaciones cartografiaron la síntesis de los diversos esfuerzos explicativos sobre la cuestión estatal entre las décadas 1970 y 1990: la coordinación de El Estado en América Latina. Teoría y práctica a cargo de Pablo González Cassanova y la colección de cuatro tomos sobre La teoría social latinoamericana[1] coordinada por Ruy Mauro Marini y Márgara Millán.
En este periodo, con el fin del polo socialista de la URSS y la instauración plena del neoliberalismo bajo el discurso de “transición a la democracia”, se diluyó el tema del Estado y su centralidad como problema político, tanto práctico como teórico. En el mejor de los casos, “En los años noventa centralizaron la discusión los planteos que proponen analizar el Estado capitalista sin plantear como necesidad política la conquista del poder.” (Miguez, 2010, p.684)
Entre las nuevas interpretaciones que emergieron respecto al Estado latinoamericano, es destacable el concepto del Estado periférico, explorado desde la noción cepalina centro-periferia y abordado desde la teoría sociológica marxista. Se trata de una caracterización que posibilita pensar la dimensión espacial del Estado, distinguiendo el desarrollo de éste en países periféricos y en países centrales.
El sociólogo y economista argentino Jorge Graciarena se refiere al Estado liberal del capitalismo periférico diferenciándolo del Estado en los países centrales. Siguiendo la vertiente desarrollista de la teoría de la dependencia, el autor explica que
En la interpretación dependentista, el Estado periférico estaba sujeto a una doble determinación: primero, la dinámica de la lucha de clases y grupos de interés, las coaliciones dominantes y las diversas fuerzas sociales que lo condicionaban en un sentido definido; después, la gravitación del gran capital internacional sobre los principales sectores económicos nacionales (1990, p.60)
La lógica capitalista que produce -y reproduce- espacialmente el centro y la periferia en el mundo, define las estructuras de economías y Estados, puesto que “se trata de un inédito entrelazamiento de relaciones económicas y políticas de subordinación, que redefinen los grados de libertad de los estados periféricos restringiendo su capacidad para diseñar y promover estilos propios de desarrollo nacional.” (Graciarena, 1990, p.66)
Años más tarde, el historiador argentino Enrique Rajchenberg y la investigadora Catherine Heau-Lambert se refieren al Estado periférico a partir de la conformación del Estado nacional en el siglo XIX, remontándose al antecedente del periodo colonial respecto a las metrópolis europeas. Pese a que no elaboran una definición en sí, tratan los espacios periféricos y la particularidad que en ellos adquiere el Estado en términos de construcción de identidad nacional arraigada al territorio.
Para Rajchenberg y Heau-Lambert, el Estado periférico tiene que ver con un desarrollo histórico nacional del Estado en América Latina respecto a occidente, que reproduce las contradicciones de la modernidad occidental mediante un proceso de internalización. Éste se expresa en la construcción de una alteridad anterior a la construcción de la identidad nacional. En sus palabras, “Esta participación del territorio nacional implica, por lo tanto, el establecimiento de fronteras interiores que distinguen el nosotros del ellos, habitantes de un territorio estigmatizado o pobremente valorizado.” (2008, p.179)
Aunque ninguno de los autores que refieren el Estado periférico lo ha desarrollado conceptualmente, convergen en el planteamiento de que el Estado latinoamericano se define a partir de la condición periférica que presenta respecto al capitalismo y el Estado en los países centrales. Ya hacia fines de los setenta, el sociólogo brasileño Florestan Fernandes sugería que el Estado periférico es la forma estatal que aquí toma la contrarrevolución. En su análisis,
Es en América Latina que encontramos la versión más acabada del Estado capitalista periférico de la era del capitalismo monopolista y de su patrón de imperialismo. […] Si en otros continentes el Estado capitalista de la periferia también es contrarrevolucionario o está a la autodefensiva, tan sólo en América Latina ocurre tal congelamiento de la historia en proceso. (2019, pp.82-83) [Traducción propia]
Aunque Fernandes no elabora una definición, señala acertadamente la especificidad histórica del Estado en América Latina:
El Estado capitalista de la periferia contiene un elemento político propio: asocia el “imperialismo”, las “multinacionales” y la “burguesía nacional”, convirtiéndose en el pilar, en el mediador y hasta en el artífice de los enlaces estructurales y dinámicos de la periferia con el centro. (2019, p.85) [Traducción propia]
El Estado latinoamericano y la transición a la democracia
Si distinguimos entre la condición periférica de América Latina y su determinación dependiente, comprenderemos que el sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva fue más preciso en analizar el Estado propiamente latinoamericano y su relación con el imperialismo. En 1989, planteaba que
la forma del estado capitalista tiende a ser marcadamente distinta (aunque a la vez complementaria), según se trate del estado correspondiente a las formaciones imperialistas o del estado correspondiente a las formaciones dependientes. Y ello no porque estas últimas no hayan alcanzado todavía la suficiente madurez política, sino en virtud de la propia ley de desarrollo desigual del capitalismo, que no puede dejar de traducirse en un desarrollo formalmente desigual del estado burgués. (2012, p.145, cursivas del autor)
Para Cueva, al Estado burgués de la periferia le es impuesta una sobrecarga de funciones para garantizar la reproducción capitalista en las condiciones de heterogeneidad estructural que caracterizan a las formaciones sociales de América Latina, funciones que sólo pueden ser concretadas desde el autoritarismo estatal. En sus palabras, “el estado de los eslabones débiles tiende a adquirir formas dictatoriales, o en el mejor de los casos, despóticas, en razón misma del cúmulo de contradicciones que la sociedad civil no está en capacidad de atenuarlas y que, por lo tanto, a él le corresponde regular.” (2012, p.147, cursivas del autor)
Además de sintetizar la discusión en torno al carácter autoritario del Estado en América Latina, Cueva supera las posturas sobre una teoría general del Estado aplicable a todos los particulares: “el estado capitalista solo existe, en cuanto forma ya concreta, como estado capitalista de determinada formación económico-social […] resultado tanto de un específico desarrollo interno como del lugar que cada formación ocupa en el seno del sistema imperialista.” (212, pp.144-145)
En un nivel más concreto de análisis, el economista y sociólogo brasileño Ruy Mauro Marini avanzó otro paso hacia la definición del Estado en América Latina. Desde los años setenta en medio de los ávidos debates sobre el Estado, desarrolló el concepto de Estado contrainsurgente o de Contrainsurgencia para dar cuenta del funcionamiento y estructura del Estado latinoamericano a partir de la guerra fría.
Concordando con nuestro autor, a diferencia de la contrarrevolución burguesa en Europa y otras regiones del mundo, en América Latina el Estado asumió tareas militares dentro de su estructura política para el cumplimiento de sus funciones capitalistas de dominio político y explotación económica del orden burgués.
Mientras la contrarrevolución europea logró conquistar una fuerza política propia que fue superior al movimiento popular, en América Latina no se logró atraer a sectores sociales significativos ni reunir fuerzas suficientes para el triunfo político burgués, ni por la vía electoral, ni siquiera mediante la estructuración de un partido político que abriera dicha vía.
Entonces, se recurrió a las FFAA como vía de enfrentamiento contra el movimiento popular para el restablecimiento de las condiciones normales de estructura y funcionamiento de la sociedad capitalista. Este proceso se alcanzó adoptando la doctrina de contrainsurgencia desde el Estado, lanzando la intervención abierta en contra de la población para el aniquilamiento del enemigo y operando tanto a nivel estratégico militar como en el discurso democrático. Marini explica que
Al privilegiar a las Fuerzas Armadas como elemento central de su estrategia, la burguesía monopólica está confiriendo a ese aparato especial del Estado la misión de solucionar el problema; está, pues, pasando del terreno de la política al de la guerra. En la medida en que se encuentra con Fuerzas Armadas ya preparadas ideológicamente, por la doctrina de contrainsurgencia, para el cumplimiento de esa tarea y para aplicar a la lucha política un enfoque militar, se resuelven en un solo proceso la voluntad contrarrevolucionaria de la burguesía y la voluntad de poder desarrollada en las Fuerzas Armadas. (1978, p.5)
Así, la esencia del Estado latinoamericano de Contrainsurgencia es la dimensión militar y de guerra trasladada al terreno de la política, adoptando el proyecto americanizado de modernidad mediante la militarización de la seguridad en la región y la criminalización social. Las FFAA se alían con fracciones de la burguesía monopólica para establecer un programa estructural de continuidad al interior del Estado capitalista dependiente, por encima del gobierno que asuma la administración del aparato de Estado.
Esto significa que el Estado de Contrainsurgencia no se restringe al periodo de las dictaduras militares y regímenes autoritarios sostenidos en la región durante las décadas 1970-1980, sino que es la expresión estatal de la contrarrevolución burguesa latinoamericana: “siempre que encontremos ciertas estructuras, funcionamiento y coparticipación entre fuerzas armadas y capital monopólico, estaremos ante un Estado de contrainsurgencia, tenga éste o no la forma de una dictadura militar.” (Marini, 1980, s/d)
El autoritarismo que se adhirió históricamente al Estado en América Latina para imponer las condiciones de superexplotación y dominio a las grandes mayorías de la población, se constituyó como elemento estructural del capitalismo dependiente. Ha sido un mecanismo permanente de compensación ante la imposibilidad de la burguesía para imponer su proyecto de clase por la vía del consenso. Como explica Marini,
la burguesía monopólica en América Latina no puede pretender reunir verdadera fuerza de masas, que le permita enfrentar políticamente, en las urnas y en las calles, al movimiento popular. Por esto, se da como meta el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento del aparato estatal, aunque sea temporalmente, para poder accionarlo en su provecho. (Ibidem)
Concordando con nuestro autor, los procesos de transición a la democracia promovidos en la región durante los años ochenta, buscaban la apertura política que permitiera preservar la esencia del Estado de contrainsurgencia:
al pretender restablecer la salud del organismo social infectado, es decir, de la sociedad burguesa bajo su organización política parlamentaria liberal, se propone explícitamente el restablecimiento de la democracia burguesa, tras el periodo de excepción que representa el periodo de guerra. […] Mediante la reconquista de bases sociales se debe pues marchar a la fase de institucionalización, que es vista como restablecimiento pleno de la democracia burguesa. (Ibidem)
Dicha institucionalización se fundaría en dos pilares: la participación directa del gran capital en la organización de la economía y la subordinación de los poderes estatales formales a las FFAA. Así, se produciría en América Latina una tendencia a que los militares constituyan un cuarto poder en la estructura del Estado desde el cual detenten el poder político, aún abriendo paso a los procesos de transición a la democracia.
Bajo el Estado de Contrainsurgencia, la diversificación del bloque en el poder en las décadas 1960-70 como resultado del desarrollo de la burguesía monopólica presentó alcances mayores o menores en cada sociedad latinoamericana, de acuerdo con la correlación de fuerzas, desarrollo de las fuerzas productivas y demás condiciones histórico-materiales específicas de cada experiencia. Para el caso de aquellas sociedades donde el alcance es mayor, Marini elaboró el concepto de Estado del cuarto poder.
Las FFAA que entonces mantenían la concentración del poder político en el ejecutivo tuvieron que devolverle vigencia paulatinamente a los poderes legislativo y judicial, así como a partidos políticos y medios de comunicación. Ello no implicó ceder el ejercicio de dominio y explotación sobre el movimiento de masas, por el contrario, lo mantuvieron alejado de la escena política mediante la coerción y represión contrainsurgente, para ampliar el margen de acción de las fracciones monopólicas de la burguesía en sus pugnas dentro del Estado.
Para pensar el proceso de transición a la democracia en términos económicos, el sociólogo mexicano Adrián Sotelo sostiene que el Estado del cuarto poder
significa que cuando se da una crisis del patrón de reproducción capitalista dependiente y del Estado basado en el régimen dictatorial, los militares van a intentar renegociar con el sistema (las burguesías, con el capital extranjero y, particularmente con Estados Unidos), sus privilegios y prebendas y que de alguna manera se da un retorno -con frecuencia formal- de la casta militar a los cuarteles, aunque en los hechos siguen ejerciendo una influencia sobredeterminante en la dinámica económica, social y política e nuestros países y naciones. (2019, p.62)
De manera general, las FFAA aparentaron apartarse de la política formal mientras que establecían alianzas intrarregionales y con el ejército norteamericano para homogeneizar sus posturas en el nuevo contexto de “posguerra fría”, llamando a refundar las instituciones militares para estandarizar sus estrategias de combate y defensa. El enemigo interno mutó al enemigo difuso pasando de ser el comunismo al narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, los desastres naturales, la pobreza, las migraciones y cualquier otra situación que amenace la seguridad nacional de Estados Unidos.
Aunque el tránsito al Estado del cuarto poder es una tendencia regional desde el periodo de transición a la democracia, no puede hablarse del Estado del cuarto poder como forma general del Estado latinoamericano, sin embargo queda como una línea de investigación pendiente en la cual se analicen cuáles son las experiencias donde se ha alcanzado dicho Estado.
Así, en sus concreciones teóricas e históricas, el Estado latinoamericano continúa caracterizándose como Estado de contrainsurgencia que mantiene a sus FFAA en tareas de combate al enemigo difuso, es decir, en contra de la mayoría de la población compuesta por bases populares. Se realinea a la militarización que el capitalismo monopólico continúa promoviendo en el mundo para garantizar la reproducción y acumulación del complejo militar industrial en el que se sintetiza la alianza entre el capital financiero y las FFAA, agentes de los pilares que señaló Marini para definir el Estado de contrainsurgencia bajo el capitalismo dependiente latinoamericano.
Sobre la autora
* Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) de México. El presente texto ha sido extraído y adaptado de Ramírez, G. (2021) Geopolítica en América Latina: Imperialismo y Estado en el capitalismo dependiente, Tesis doctoral, México, UNAM.
Notas
[1]La antología aborda el tema del Estado como un problema estructural, otorgándole una relevancia transversal en los asuntos tratados por los articulistas que integran la colección, especialmente los tomos III “La centralidad del marxismo” y IV “Cuestiones contemporáneas”.
Bibliohemerografía
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