Por Juan Camilo Arias*

La violencia en Colombia ha sido un fenómeno ligado a los procesos de expansión del capitalismo y consolidación del bloque en el poder. El auge de la lucha armada que se extendió por el país a partir de mediados del siglo XX encontró uno de sus impulsos en los procesos de fortalecimiento de la fracción latifundista de las clases dominantes, fracción esta que empleó una combinación de métodos legales e ilegales como estrategia de acumulación de la tierra y control de la mano de obra (LEGRAND, 2016; LEAL, 2016). En otras palabras, la presencia recurrente de conflictos bélicos en el país ha sido el resultado no solamente de la incapacidad de las clases dominantes de construir un proyecto político nacional, capaz de generar un amplio consenso en una sociedad fragmentada y dividida (SAFFORD y PALACIOS, 2002; LEAL, 2016), sino también de estrategias violentas de acumulación desplegadas por fracciones de este bloque en el poder , que también han servido para frenar el avance de las luchas populares en una de las formaciones sociales más desiguales del hemisferio occidental.

En este sentido, la fracción que históricamente ha presentado mayor recurrencia a los mecanismos violentos de enajenación ha sido la fracción terrateniente. Ya desde mediados del siglo XIX, el sector rural evidenció una profunda recomposición de la propiedad agraria, cuando baldíos del Estado, resguardos indígenas y tierras de pequeños colonos fueron enajenadas, en muchas ocasiones, a través de métodos coercitivos (LEGRAND, 2016; MELO, 2015). Otro tanto seguiría ocurriendo durante el siglo XX (OCAMPO, BERNAL, AVELLA y ERRÁZURIS, 2015). Este proceso de acumulación violenta resulta fundamental a la hora de comprender la estructura desigual de la propiedad rural en Colombia, así como la inestabilidad social y política del campo en este país.

Aunque la acumulación de tierras por medios coercitivos reviste cierta apariencia feudal, responde más bien a la importancia que fue cobrando la tierra a medida que el país amplió su mercado interno y se articuló de manera desigual al mercado internacional a través de productos como el tabaco y el café. Esto explica por qué en lugar de disminuir, a medida que las relaciones capitalistas se profundizaron en el país, la estrategia violenta de acumulación se intensificó hasta llegar a niveles históricos. El advenimiento de un nuevo momento en el capitalismo a escala mundial durante las últimas décadas del siglo XX (ROBINSON, 2004, 2007), caracterizado a grandes rasgos por la reforma neoliberal del Estado y el predominio a escala mundial de la fracción financiera del capital, no significó para Colombia el fin de la violencia sino su profundización.

Los procesos de acumulación por desposesión no solamente siguieron su curso, sino que se recrudecieron hasta llegar a las zonas urbanas, donde miembros de las fracciones industriales recurrieron a su vez a prácticas violentas para acabar con la oposición política y las luchas económicas de las clases trabajadoras (FRANCO, 2009). Asimismo, la emergencia de una fracción de la burguesía en torno al narcotráfico, a partir de la década de los años ‘80, profundizó los procesos de acumulación violenta de la tierra—tanto para fines productivos como para el lavado de activos—, y tornó más agresiva la vocación contrainsurgente del  bloque en el poder (RICHANI, 2013; HRISTOV, 2014; GRAJALES, 2013).

Además de los componentes domésticos de dicho bloque, la presencia de capitales extranjeros también se ha articulado a las estrategias violentas de acumulación. Particularmente, las inversiones en sectores como el banano y la palma de aceite se han visto relacionadas con el financiamiento a grupos paramilitares con el fin de adquirir tierras a bajo costo y diezmar las luchas sindicales (GRAJALES, 2013; GOEBERTUS, 2008; MAHER, 2015a, 2015b; OSLENDER, 2007; CHOMSKY, 2007; ANRUP, 2011). Recurriendo a menudo al argumento de que el Estado ha sido incapaz de proveer las condiciones de seguridad básicas para la inversión, algunas compañías internacionales se han visto inmersas en la financiación de esquemas privados de seguridad, entre las cuales destacan la Drummond, Chiquita Brands International y su filial Banadex, Coca-Cola, British Petroleum, Oxy, Occidental Petroleum Corporation, Cemex, Ladrillera Santafé, Holcim, Muriel Mining Corporation, Dole, Texas Petroleum Company y Glencore-Xtrata (FRANCO, 2009: 206).

El principal resultado político de esta particular configuración del bloque en el poder en Colombia ha sido la inserción de selectividades estratégicas en el Estado (JESSOP, 2015), que de manera discursiva, agencial, tecnológica e institucional reproducen lo que Franco (2009) ha denominado como un orden contrainsurgente. Dicha condensación de fuerzas permite barruntar que la relación entre el desarrollo capitalista de una formación dependiente, como la colombiana, y las estrategias violentas de acumulación, pueden no ser fenómenos del todo opuestos. Por el contrario, el rostro de lo que Kaplan (1983) denominó como el “Leviatán criollo”, en alusión a las transformaciones recientes del Estado capitalista en América Latina, puede tener en Colombia una de las expresiones más claras. Su estudio puede todavía arrojar luces sobre los desafíos que el capitalismo global ha implicado para la región en términos económicos y políticos. De allí que este breve texto sea ante todo eso: una invitación a la reflexión de un proceso en el que la violencia y el “desarrollo” han estado articulados en torno a una experiencia que puede arrojar luces sobre el Estado capitalista dependiente y globalización neoliberal en América Latina.

*Juan Camilo Arias es doctorando en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y realiza su estancia internacional en el Programa de Posgrado en Ciencia Política de la UFRGS. jcariasm1@gmail.com

Referencias

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