Por Juan Camilo Arias Mejía*
Colombia destaca por ser uno de los buenos discípulos neoliberales en la región, pese a que la desigualdad se ha profundizado a partir de las reformas, el crecimiento se ha hecho más volátil y la violencia sigue dando sustento a las estrategias de acumulación de capital. Desde los años 1990, en un contexto de recuperación internacional posterior a la crisis de la deuda, el país se embarcó en una era de reformas signadas por ajustes estructurales que se materializaron, entre otros ámbitos, en la privatización de servicios y activos estatales, la apertura de los mercados a una competencia desigual, la flexibilización de las condiciones laborales y un rediseño institucional que fortaleció al ejecutivo en detrimento de otras ramas del poder. Paralela a la inserción desigual a los mercados internacionales, sustentada en el desmantelamiento de los esquemas de protección al mercado interno que fueron identificados por la banca multilateral como obsoletos, tuvo lugar una inserción ilegal que, a través del narcotráfico, completó la otra cara de la globalización para el país (Avilés, 2006; Henderson, 2012; Hristov, 2014). La coincidencia entre ambos procesos ha sido objeto de reflexiones por parte de la academia, destacando entre las conclusiones de dicho problema la recomposición del bloque en el poder y, finalmente, de la estructura del Estado para conformar lo que Franco (2009) ha denominado como un “orden contrainsurgente”.
Aunque dicho “orden” ha logrado mantener cohesionado bajo el proyecto político neoliberal al bloque en el poder, liderado por las fracciones financiera y comercial de la burguesía, el aumento de la desigualdad, corrupción y violencia ha hecho que la utopía del desarrollo sea cada vez más esquiva para el país. Lo anterior se traduce en que los intereses de los sectores subalternos encuentran poca o nula representación en el proyecto de Estado dominante, lo que ha llevado al bloque en el poder a recurrir a la violencia para mantener la apariencia de unidad estatal que Jessop (2015) denominó como el state effect. De allí que la presunta estabilidad del régimen colombiano, más que en la aceptación de los dominados, haya consistido especialmente durante los últimos 30 años en el amordazamiento de sectores como los trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas bajo una vetusta doctrina de seguridad nacional inspirada en la Guerra Fría. Sumado a ello, el golpe de la crisis internacional a raíz de la pandemia Covid-19 terminó por desnudar las contradicciones de uno de los países más desiguales del hemisferio. Podría decirse hasta cierto punto que, más allá de la crisis biológica relacionada con el virus, sus efectos en una sociedad que lleva décadas privatizando el derecho a la salud, la producción de vacunas y precarizando el trabajo ha constituido la gota que rebozó el vaso.
Si bien al momento de redactar estas líneas puede ser prematuro hablar de una crisis política que derive en transformaciones profundas para la sociedad colombiana, sí es posible observar que el consenso derivado de la ciega ortodoxia neoliberal da muestras de importantes fisuras. Entre finales del mes de abril y durante todo el mes de mayo del año 2021, tuvo lugar un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país. Quizá el proceso de paz con la guerrilla de las Farc-EP, abrió el espectro político y tornó aún más difícil para la oligarquía criolla dar el tratamiento de enemigo interno al malestar social. Sin embargo, la aplicación de una reforma fiscal regresiva, que gravaba a los más humildes en un contexto de crisis económica y sanitaria, terminó por catalizar una ola de protestas que al día de hoy no cesan y, por el contrario, se profundizan con la inercia de una sociedad que a más de cinco décadas de conflicto armado interno ha naturalizado la violencia.
Una medida para afrontar la crisis propia de las oficinas de los tecnócratas, que apenas unos meses atrás hubiera podido ser implementada sin mayor oposición, terminó por ser el hilo que puso en evidencia el fracaso del proyecto de Estado neoliberal en Colombia. Evidentemente, la globalización no implicó la reducción del Estado sino su reorganización en función de los derechos del capital (Jessop, 2015; Harvey, 2005). Dicha reorganización está siendo hoy puesta en entredicho por multitudes en las calles. El bloque en el poder, permeado por las rentas del narcotráfico, no ha encontrado otra solución distinta a la represión indiscriminada lo cual, en lugar de ser una muestra de fortaleza, da cuenta del fracaso a la hora de construir una visión hegemónica que incorpore las nuevas realidades sociales tanto internas como externas. A lo mejor llegó la hora de que cedan el paso a la nueva fuerza popular, que al tiempo que estremece a Colombia, anuncia un nuevo momento y una nueva oportunidad para una América Latina que vio derrumbarse aquello que Harvey (2005) denominó hace ya unos años como la utopía del desarrollo.
Referencias
Avilés, W. (2006). Global capitalism, democracy, and civil-military relations in Colombia. State University of New York Press.
Franco, V. (2009). Orden contrainsurgente y dominación. Siglo del Hombre Editores, Instituto Popular de Capacitación.
Henderson, J. (2012). Víctima de la globalización. Siglo del Hombre Editores.
Hristov, J. (2014). Paramilitarism and Neoliberalism. Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond. Pluto Press.
Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
Jessop, B. (2015). The State. Past, Present, Future. Polity Press.
Villar, O., & Cottle, D. (2011). Cocaine, Death Squads, and the War on Terror: U.S. Imperialism and Class Struggle in Colombia. Monthly Review Press.
* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana/UNAULA (Colombia) e investigador colaborador del Núcleo de Estudios en Política, Estado y Capitalismo en América Latina/NEPEC-UFRGS de Brasil. jcariasm1@gmail.com